Lo afirmó el Legislador Federico Greve sobre la reunión que mantuvo con taxistas y remiseros quienes pidieron que se sancione una Ley que prohiba la utilización de plataformas como UBER en la provincia.
El legislador Federico Greve, en diálogo con Radio Nacional, habló sobre el encuentro en Comisión que mantuvo la semana pasada con trabajadores del volante quienes les manifestaron su preocupación por el desembarco de una aplicación para transporte de personas en vehículos no habilitado.
Al respecto, explicó que los trabajadores del volante y guías de turismo se manifestaron por el arribo de estas plataformas a la provincia que ejercen la función sin la acreditación debida, y solicitaron que se sancione una ley Provincial que prohíba el uso de estas aplicaciones.
En este sentido, Greve aclaró en primer lugar que la función de control del transporte público de pasajeros es facultad de los municipios, «máxime cuando hay una Carta Orgánica».
“Lo que pretenden ellos es que la Provincia haga una normativa similar a la que ya existe” dijo, aunque refirió que por más que haya una prohibición vigente, «no impidió que estas empresas lleguen a instalarse. Entonces, ¿cuál sería el beneficio de una normativa que prohíba a nivel provincial?” se cuestionó.
Dijo que “lo importante es sacar una normativa que cuida tanto a los pasajeros como a los trabajadores del volante y que tenga un cumplimiento efectivo, porque sino cae en desuso”.
“Si vamos a sacar una Ley, lo mínimo que hay que garantizar es que sea efectiva. Porque es muy fácil decir que sí, demagógicamente, y que después no haya control” subrayó.
“Me parece que es importante que tanto los Municipios, como el Ejecutivo y la Legislatura nos pongamos a trabajar seriamente en algo que pueda ser de cumplimiento efectivo, y por que no, sea modelo para el resto del país; esta es la postura de la mayoría de los Legisladores” aseguró.
En este sentido, explicó que para poder controlar este tipo de aplicaciones, hay que en primer lugar lograr que sea declarado como transporte público de pasajeros. “Ellos sostienen que la Ley nacional los abala para prestar servicios en cualquier parte del país y desconocen la ordenanza. La ley de la que ellos hablan es la del trabajo. Lo que sucede con estas aplicaciones, es que son de intermediación, porque no son de trasporte público. Nosotros somos un transporte privado, no publico argumentan. Entonces, sostienen que es una intermediación entre privados, por lo que dicen que el estado no puede regularlos. Lo que tenemos que lograr es que sean declarados de interés publico, para que el estado pueda intervenir”.
En este marco, ejemplificó que “en distintas latitudes hay normativas que lo prohíben, como Córdoba y Mar del Plata. En Mendoza hicieron una normativa muy restrictiva” que hizo que el uso de estas aplicaciones retroceda.
Por otro lado, hizo mención a los reclamos de los usuarios de taxis y remises de Río Grande y Ushuaia, “Nosotros recibimos reclamos de la sociedad en su conjunto y la demanda es notoria. Existieron estos reclamos, igual que con la precarización de los choferes que no están en blanco. Hay todo un esfuerzo concatenado que surgió en la mesa”.
Y agregó que un reclamo similar hicieron los guías turísticos, “que tienen que hacer certificaciones en los tres Estados y son los que deberían transportar a los turistas; Pero reclamaron por estas plataformas y por los titulares del volante (taxistas y remiseros) que ejercen la función sin la acreditación debida” expuso.
