Es tras la muerte dudosa de un paciente en el Sanatorio Fueguino de Río Grande. La fiscal se habría negado a intervenir en el caso imposibilitando que el juez iniciará las investigaciones de inmediato
El abogado Francisco Giménez, representante de la familia de Marcelo Fernández, anticipó que están evaluando el pedido de un jury de enjuiciamiento contra la fiscal Laura Urquiza. Es por negarse a intervenir en el hecho ocurrido en el Sanatorio Fueguino de Río Grande donde Fernández murió luego de ser operado.
Según indicó el letrado, la muerte se produjo en “extrañas circunstancias”. Se trató de “un fallecimiento absurdo, inesperado, inexplicable de un muchacho de 40 años, deportista, que estuvo cinco días esperando una prótesis internado en el sanatorio”. La intervención quirúrgica respondía a una fractura de pómulo pero “sin riesgos de vida”, según consideró el abogado.
Giménez contó que el joven “es intervenido finalmente y lo dejan en la sala y no se despertó nunca más y falleció” y se sospecha que fue una muerte por mala praxis.
A partir de la denuncia de la familia sobre muerte sospechosa se activó el mecanismo judicial y policial. La policía llegó al sanatorio. Trataron de comunicarse con la fiscal de turno para que se pusiera en marcha la investigación pero los resultados fueron infructuosos.
El doctor Giménez afirmó que la fiscal se negó a intervenir “con una excusa absurda, diciendo que los médicos son funcionarios públicos”. En este sentido, comentó: “Dice que tiene que actuar el fiscal mayor, el fiscal mayor le dice no, es usted. Y lo peor de todo esto es que van transcurriendo las horas y se produce una demora en el inicio de la investigación que conspira en definitiva contra el esclarecimiento del hecho”.
Debido a la inacción de la fiscal Laura Urquiza, el fiscal mayor tuvo que intervenir personalmente ante el Superior Tribunal de Justicia para que se designara a otro fiscal. Fue designado el fiscal Pino que “rápidamente, pese a no estar en turno, asumió y con absoluta responsabilidad en su función pública e inició el requerimiento”, expuso Giménez. “Pero se tuvo que poner en marcha todo un mecanismo para certificar por secretaría los llamados que le hicieron y los llamados que no contestó y lo que dijo”, añadió respecto a la fiscal Urquiza y advirtió que esto “no puede quedar entre judiciales con una mera sanción disciplinaria”.
El abogado, mencionó que esta no es la primera inconducta que tiene Urquiza. “Esta fiscal fue salvada hace seis o siete años de un jury. Gracias a sus contactos políticos que tenía a través del SUTER, del Sindicato de Santa María, y de la Universidad de Flores, zafó”, recordó.
Pasaron tres horas desde que la familia de Fernández hizo la denuncia y hasta que pudo actuar el nuevo fiscal designado. “El Sanatorio Fueguino, ese lugar del quirófano, de la sala de espera, la sala donde dejaron al fallecido después de la operación era una escena de un crimen. Crimen en el sentido amplio de la palabra, no de un homicidio. Se tendría que haber resguardado todo ese lugar, se tendrían que haber tomado medidas, se tendría que haber aislado el cuerpo para evitar contaminaciones”, dijo el abogado.
El entrevistado señaló que “esto realmente es de suma gravedad y por la gravedad de la inconducta tiene que intervenir el Consejo de la Magistratura”. Para Giménez, la fiscal Urquiza “está al borde de un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público” y adelantó que con la familia del fallecido están evaluando esto también por lo que no se descarta presentar un jury de enjuiciamiento.
Por otra parte, el abogado fue consultado sobre si la familia cargará contra el Sanatorio Fueguino. “En esto queremos ser responsables. Estamos en las primeras etapas de la investigación y necesitamos saber cuál fue la causa de muerte. Si fue producto de una mala praxis, de un abandono de persona, de una muerte súbita inevitable que pudo haber ocurrido. Por eso es imprescindible que los resultados de la autopsia estén lo antes posible y los resultados toxicológicos e histopatológicos que se mandan a la Corte Suprema de Buenos Aires”, manifestó. “Primero la familia quiere saber qué pasó. No han hablado de acciones judiciales ni civiles”, añadió.
EDFM
