Denuncian que la deuda del sector asciende a 325.000 millones de pesos y remarcan la necesidad de luchar para que el pago de facturas sea justo para todos.
El Gobierno nacional planea la intervención de siete cooperativas distribuidoras de electricidad por recomendación de las veedurías que auditan a las entidades. Según información oficial, entre ellas acumulan una deuda de 53.000 millones de pesos. La medida quedaría en manos de la Compañía del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMESSA) en colaboración con el Instituto Nacional de Asociativismo (INAES).
Si bien no se descarta el avance sobre otras empresas en el futuro, las que resultan comprometidas en este momento son las que proveen energía a las localidades de Villa Gessell, Las Flores, Olavarría, 9 de Julio y Tres Arroyos -del la provincia de Buenos Aires-, la de Gualeguaychú -Entre Ríos- y la de Rio Grande -en Tierra del Fuego-.
Según dejaron trascender desde CAMMESA, el sector en general, se encuentra afectado con un pasivo de 325.000 millones de pesos por electricidad despachada que no han conseguido cobrar.
Mario Cairella, vicepresidente de la entidad reguladora, explicó, en diálogo con Infobae, que la institución lleva adelante una lucha para que el pago de facturas sea justo para todos y afirmó que no está bien que estas cooperativas no paguen mientras los usuarios asumen los gastos del servicio.
Desde el oficialismo señalan a la distribuidora de luz de Villa Gessell como un caso testigo, ya que mantienen una puja judicial por el cobro de los montos adeudados. Entienden que esta cooperativa ensayó una estrategia para no saldar la deuda y, que con este movimiento, intentó reunir al resto de las empresas que atraviesan esta situación.
