En la Delegación de Gobierno en Río Grande vuelve a ser escenario de una protesta encabezada por una cooperativa de trabajo, en este caso, vinculada a los hermanos Bernardo y Ángel Gordillo. Lo que a primera vista podría parecer una legítima manifestación de reclamo laboral, en realidad expone —una vez más— el uso político de la necesidad de la gente.
La cooperativa de los hermanos Gordillo, identificada con el partido Cerro y parte del armado político que responde al intendente Martín Pérez, movilizó a un grupo de trabajadores hacia la sede gubernamental para exigir respuestas. Sin embargo, el trasfondo de esta protesta trasciende lo económico: se trata de una acción con claras connotaciones partidarias.
El dato no menor es que Ángel Gordillo, además de referente de la cooperativa, cumple funciones dentro del Municipio de Río Grande. Esta doble condición —funcionario y dirigente de una organización que se moviliza— genera un inevitable conflicto de intereses y pone en evidencia cómo ciertas estructuras políticas utilizan a cooperativas y movimientos sociales como herramientas de presión institucional.
Mientras muchas familias riograndenses atraviesan momentos de verdadera dificultad, algunos dirigentes optan por transformar esa necesidad en capital político, movilizando a trabajadores en función de intereses sectoriales más que comunitarios. La protesta, en este contexto, deja de ser una expresión genuina de lucha social para convertirse en un instrumento de negociación política.
La ciudadanía merece transparencia y respeto. Los reclamos laborales son legítimos, pero pierden fuerza cuando son manipulados por quienes ocupan cargos públicos y responden a estructuras partidarias que buscan sacar provecho de la vulnerabilidad de otros. La línea entre la militancia y la utilización de las personas no debería cruzarse jamás, y sin embargo, en Río Grande parece haberse vuelto costumbre.
