Una nueva denuncia penal sacude a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. La presentación, realizada ante la Fiscalía Federal, involucra directamente a los principales responsables de la gerencia de la entidad, en el marco de serias acusaciones por presuntos manejos irregulares de fondos.
La causa fue impulsada por un exempleado de la institución —cuya identidad se mantiene en reserva— quien, tras su despido, decidió acudir a la abogada Adriana Varisco para canalizar formalmente las sospechas que había advertido durante su paso por la cooperativa.
En la denuncia, que consta de más de 30 fojas y detalla al menos quince hechos puntuales, se señala al gerente Santiago Barrientos, al subgerente Segundo Santana y al contador Ezequiel Proc, como responsables de delitos que incluyen defraudación, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes del funcionario. La letrada Varisco no descartó que, a medida que avance la investigación, pueda configurarse también el delito de asociación ilícita, en virtud de la posible intervención de otros actores en los hechos denunciados.
Cabe recordar que el pasado 13 de enero, el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), organismo que regula a la cooperativa, había dispuesto una auditoría interna cuyo informe debía ser presentado en un plazo de 90 días. Sin embargo, al día de hoy —y pese a haberse vencido el plazo el 13 de mayo—, los resultados de dicha investigación permanecen sin ser comunicados.
Ante este contexto, y frente a la falta de avances concretos por parte del INAES, el denunciante decidió avanzar por la vía penal, con la intención de que la Justicia pueda esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
