Nación no solo recorta fondos que implican detener las obras previstas en la provincia, sino que propone privatizar los corredores más rentables lo que significará que quienes circulen por las rutas deberán pagar peaje.
Una drástica medida anunciada por la Dirección Nacional de Vialidad ha generado alarma en Tierra del Fuego. La suspensión de contratos de obras viales podría profundizar la crisis que enfrentan los fueguinos, poniendo en riesgo no solo la seguridad vial, sino también la conectividad y el desarrollo de la provincia.
La orden del titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, de dar de baja todos los contratos de obras en el país ha encendido las alarmas en diversas provincias, especialmente en Tierra del Fuego, donde la situación de las rutas es crítica.
En su comunicado, Campoy enfatizó la necesidad de cerrar aquellos contratos que se consideran inviables, independientemente del tipo de gestión que tengan. Este anuncio se enmarca en un contexto donde el 67% a 70% de la red vial nacional se encuentra en condiciones regulares o malas, según datos del Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina.
La medida, que incluye la privatización de los corredores más rentables, no solo implica una reducción de fondos sino también la introducción de peajes en las rutas, afectando aún más a los usuarios.
Para los fueguinos, esto significa que las ya deterioradas condiciones de la Ruta 3 se verán afectadas, deteniendo su arreglo, en particular, el tramo de frontera de San Sebastian, la continuidad de la Ruta 1 en Tolhuin y la pavimentación de caminos hacia el Parque Nacional, al igual que el deteriorado Paso Garibaldi, el cual varios funcionarios vienen reclamando.
Con la llegada de la temporada invernal, la falta de garantía en el mantenimiento de la Ruta Nacional N° 3 agrava la incertidumbre en torno a la seguridad vial. A menos de un mes de que caigan las primeras nevadas, la responsabilidad por la transitabilidad de estas vías no será asumida por la Nación, lo que genera una preocupación palpable entre los habitantes de la región.
Sin una solución a la vista, los fueguinos temen que el deterioro de sus caminos se torne irreversible, afectando no solo su seguridad, sino también el desarrollo económico de la región.
